Realizado en el marco de la asesoría que brinda a DOMOS a ENAMI, este curso fue llevado a cabo por las profesionales Victoria Vega y Tatiana Hernández, exponiendo los temas “Equidad de Género y Modelos de Gestión” y “Comunicación y Liderazgo efectivo”.

El propósito de esta actividad es transferir herramientas conceptuales y metodológicas sobre Modelo de gestión en capital humano en Buenas Prácticas Laborales para la Equidad de Género, y promover habilidades en ámbitos de relacionamiento efectivo con las personas y la organización para desempeñar un óptimo liderazgo en la gestión de buenas prácticas laborales para la equidad de género en el trabajo.

Cada día más las organizaciones  reconocen la necesidad de eliminar sesgos y condiciones que limitan la participación y desarrollo laboral de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades.

Para ello es vital que las empresas, como ENAMI, cuenten con instrumentos que permitan garantizar una mejor calidad de vida para sus trabajadores y trabajadoras, lo que trae como consecuencia mayores niveles de productividad, mayor compromiso con la organización, menor rotación de personal, más posibilidades de capturar talento, etc.

En esta labor, DOMOS, pone toda su expertisse al servicio de organizaciones, servicios y empresas, con el fin de colaborar en la instalación de una nueva cultura del trabajo, con líderes sensibilizados y alineados al enfoque de género.

Por Tatiana Hernández Comandini

Nadie puede negar hoy que la violencia contra las mujeres es un problema fundamental, que no sólo afecta la vida de las mujeres que la viven, sino que afecta la vida de sus familias, comunidades en las que habitan y la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, el problema persiste y cada cierto tiempo debemos lamentar la muerte de una mujer en manos de su (ex) pareja.

Dependiendo del actor que se ocupa en afrontarla y/o prevenirla, los avances, estancamientos y retrocesos en medidas, políticas y/o acciones específicas son distintos y algunos francamente preocupantes.

Las organizaciones de mujeres y feministas -entre tanta política de consenso- lograron levantar una institucionalidad de género que fuera garantizando los derechos ciudadanos y humanos de las mujeres chilenas. Desde su instalación hace 2 décadas, SERNAM tuvo una respuesta a la violencia contra las mujeres desde distintos frentes: Prevención, Atención, Protección y Sanción. La complejidad de la problemática significó que el avance efectivo en la erradicación de la violencia fuera más lento de lo que las mujeres requeríamos, pero nunca vimos retrocesos tan feroces en la manera de comunicar la problemática, como ahora.

No fue una negociación fácil llegar a convencer a todos-as que la violencia contra las mujeres es un delito y en muchos casos constitutivo de tortura. Inicialmente en el año 1994, se logró instalar en la legislación chilena que la violencia era una falta a la convivencia humana. El concierto internacional de derechos humanos de las mujeres llevaba años transmitiendo que este acto es un delito y grave. Finalmente, en el año 2005, se logra reponer la demanda y situar que la violencia contra la mujer es un delito y merece sanciones como tal.

Recuerdo que un día, en mis traslados matutinos al trabajo, todos-as quienes íbamos en la micro sentimos una discusión fuerte… comencé a acercarme porque presumía que era una escena de violencia doméstica. “No soportaré más tus abusos, tus maltratos, tus golpes… no me hagas callar…no me da miedo que me amenaces con patearme en la casa… ya no te tengo miedo”… el hombre insistía en callarla y hacer que ella lo mirara… Le dije a la mujer: “Me bajo en Plaza Italia, si quieres te bajas conmigo. También puedo ir donde tu vayas”… El hombre me toma el brazo, me mira y me dice: “Ud. no se meta, esto es privado”… “me meto, porque esto es un delito flagrante… acaso Ud. no sabe que en Chile el hombre que maltrata a una Mujer es un delincuente…. Ud. señor es un delincuente!!!!” Para mi sorpresa, la micro entera me apoyó y comenzó a gritarle delincuente… pero nunca Maricón… quienes íbamos en la micro teníamos clara conciencia que lo que estábamos presenciando era un delito y no una mariconada… era un delito incluso distinto a otro, porque restituir el daño del robo de un anillo o un collar es relativamente fácil, pero reponer la vida, la integralidad y salud de las mujeres es una tarea gigantesca y en caso de muerte algo imposible.

Es por eso, que irrita y preocupa el cómo, un poder del Estado, está comunicando esta problemática. A SERNAM le corresponde garantizar los derechos de las mujeres y no cometer y promover actos homofóbicos como la “Campaña Maricón 2.0”. No se puede prevenir la violencia contra un grupo, discriminando a otro por su condición sexual o cualquier otra razón.

Experimentamos un retroceso atroz y con consecuencias nefastas para la toma de conciencia en muchas mujeres que aún no reconocen tener un derecho básico: el vivir una vida libre de violencia, con un Estado que garantiza sus vidas e integralidad física y psicológica respecto de un delito que deja huellas invisibles para muchos-as, pero difíciles de borrar para quienes la viven.

El lenguaje construye realidades. La realidad en estos casos es una sola y su construcción no debe responder al marco interpretativo de ningún grupo y sus intereses. La violencia contra la mujer es un delito y el hombre que la ejerce es un delincuente, no un Maricón.

Esta semana, nuevamente fuimos espectadores/as de un lamentable hecho de violencia contra las mujeres.

A diferencia de la violencia cotidiana que viven miles de mujeres en nuestro país –de todas las edades y condición socioeconómica-, este caso fue altamente cubierto por la prensa chilena.

La explicación es sencilla, el/la sujeto del hecho, eran personajes del mundo de la farándula y del fútbol chilensis.

Más allá que todo acto de violencia contra la mujer es condenable, es doblemente censurable la re-victimización que viven muchas mujeres por parte de los medios de comunicación.

La forma en que la mayoría de la prensa escrita, radial y televisiva trata la violencia contra las mujeres es absolutamente inadecuada.

El relato que se construye está cargado de imaginarios tradicionales de cómo pensar a las mujeres y la violencia que éstas viven.  Contribuyendo con ello, a obstaculizar el proceso de reparación que una mujer víctima de violencia por parte de su (ex)pareja, requiere vivir.

Porque sin reparación real, las sobrevivientes de violencia doméstica no pueden ejercer plenamente su derecho a una vida digna y con respeto a la que todos/as tenemos derecho.

Para el caso en análisis, el levantamiento de la información es aún más complejo, porque se suma una “idea de mujer” del mundo farandulero que busca problemas, abusos y/o maltrato de parte de otros/as.

Es importante aclarar a los-as periodistas y editores-as que la violencia contra las mujeres se cimienta en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Siempre es una relación de abuso de poder.

Ninguna mujer quiere y busca ser abusada y/o maltratada por el hombre amado, querido y/o deseado.

Frases como las siguientes no aportan en la investigación del caso, ni en la reparación de la víctima y victimario: “Cóctel peligroso de farándula y fútbol”… “Esta señorita hace ruido…con ella hay explosiones (…) no hay relaciones normales con ella”.

Estas frases más bien naturalizan un hecho a todas luces social y cultural.  Es decir, que como sociedad podríamos cambiar, prevenir y/o condenar.

Decir que farándula y fútbol son un cóctel peligroso es dar por sentado, que en esa relación siempre habrá abuso de poder y maltrato hacia las mujeres.

Decir que la joven abusada es explosiva y que con ella no se tienen relaciones normales, es suponer que el problema es personal, psicológico y no social y sociológico como lo es la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, se dijo en múltiples ocasiones en los matinales de la TV que este era un caso de “Violencia Intrafamiliar”.  Lamentablemente NO lo es.  La Ley 20.066 es muy clara en quienes son sujetos de esta norma:

“Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar (Art. 5, Ley 20.066)

Si bien existirá un proceso judicial que sancione al agresor, la sentencia no será por violencia contra las mujeres y no quedará constancia del maltrato habitual a la que fue sometida la joven probablemente, por ende la sanción no corresponderá al hecho delictual cometido.

Por otro lado, todos los organismos públicos que operan para garantizar la protección y restauración de las mujeres víctimas de violencia de sus (ex) parejas, no tienen como sujeto de sus políticas a esta joven.  Porque lo que mandata a estos organismos es la Ley, que excluye a las relaciones de pareja entre los/as jóvenes.

Las recomendaciones para los medios son sencillas.  Hay varios manuales para comunicadores/as, periodistas y medios de comunicación sobre cómo tratar la violencia contra las mujeres. ¡Úsenlos!

Es necesario también que colaboren –a través de la difusión y correcta construcción del relato- con las organizaciones de mujeres y de jóvenes que buscan ampliar los/as sujetos de la Ley 20.066.

Decir que es una injusticia que el agresor no sea condenado por el delito que cometió es fundamental.  Incluso para la reparación de la víctima.  Indicar que Chile está en deuda con tratados y convenciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, al no incluir las relaciones de pareja entre los/as jóvenes.

Todas estas sugerencias son para construir la prensa responsable que los/as chilenos/as deseamos y merecemos tener.

(Publicado originalmente en Opinión:Cooperativa.cl el 3 de septiembre de 2011)

En esta reunión se contó además con la participación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Laboratorios Bagó y  el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El objetivo central de este proyecto es levantar una plataforma multiactor (empresas, estado, sindicatos, academia y organizaciones de mujeres) que promueva la incorporación de políticas de igualdad de género en la gestión de las empresas que conforman la Red de Pacto Global Chile.

Rebecca Tavares expresó su apoyo a este tipo de iniciativas ya que “están en el marco de las apuestas estratégicas de ONU MUJERES de levantar datos e información que permita mostrar a las empresas, que invertir en igualdad entre hombres y mujeres es un negocio inteligente“.

“Señor director: Fui víctima de violencia intrafamiliar hace siete meses y mi caso se radicó en la fiscalía norte. Pero, a poco andar, quedó estancado, pues pensaron que yo había retomado mi relación  con el agresor.

Por eso, hace una semana me reuní con el fiscal a cargo y me explicó que como mi caso no era tan grave (aunque yo tenía constatación de lesiones) no se podía hacer nada.

Es decir mi agresor está libre, haciendo su vida, como si nunca hubiera hecho algo. Sin embargo destruyó una familia y quedó impune, o sea, si estos tipos no te matan, la justicia no puede hacer nada.Entonces, me pregunto ¿para qué colocan avisos en la calle, en el metro y en la televisión?

Realmente lo encuentro una burla. Susana Jiménez.”  La tercera (Stgo- Chile)”

El contenido de esta carta refleja la impotente realidad que experimentan diariamente miles de mujeres en nuestro país: “quiso denunciar, pero como era la polola, le dijeron que no podían hacer nada”….”como no le dejó lesiones, no le creyeron”…”inició el proceso y lo archivaron”…“llamó a carabineros y nunca llegaron”….

Durante los últimos meses, ha sido frecuente la presencia de la Ministra del SERNAM en medios televisivos y radiales a raíz de la exposición in situ de casos de violencia física hacia las mujeres, varios de ellos en la vía pública de los que se ha tomado conocimiento gracias a las cámaras de seguridad. Se las alienta a denunciar, a no quebrantar las medidas cautelares, destacándose el rol de los terceros en el aumento de femicidios frustrados.

No obstante los avances parciales en la respuesta estatal, la política pública no logra concretarse como un sistema que funcione para amparar a la gran mayoría de las mujeres que como Susana Jiménez viven con impotencia el intento de ejercer el derecho a ser amparadas. En efecto, el deber de protección contenido en el artículo segundo de la Ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar y la debida diligencia establecida en al artículo séptimo de la Convención de Belem do Pará, que competen a todo/a servidor/a del Estado, independiente de la repartición en la cual se desempeñe, aún están lejos de ser comprendidos en su total dimensión.

Muchas mujeres recorren un largo camino judicial, confiando en que ese poder del Estado podría acogerlas. Sin embargo, el tratamiento fragmentado de la violencia tanto desde la legislación, como en la práctica cotidiana en cada servicio gubernamental, conlleva a que los esfuerzos realizados por mejorar la respuesta pública sean aún dispersos e inconclusos.

A 16 años de la entrada en vigencia de la primera ley de violencia intrafamiliar, se multiplican las causas abiertas, en diferentes fiscalías y juzgados de familia para una misma víctima y agresor. Las sanciones para los agresores son escasas y prevalecen las salidas alternativas, que si bien normalmente van unidas a medidas de protección, no logran disminuir el riesgo vital de las mujeres. Algunas simplemente no son protegidas porque increíblemente, para muchos/as actores claves del sistema, la violencia no pasa de ser una anécdota. Otras, simplemente porque la ley no las contempla expresamente para ser amparadas. Así ocurre con las “pololas”.

La Ministra del SERNAM ha destacado por estos días la disminución en un 36% de los femicidios respecto de igual periodo de 2010. Pero, ¿cómo se contabilizó esa cifra, si a 6 años de la entrada en vigencia de la actual Ley VIF, el SERNAM no ha logrado establecer  un sistema de registro y seguimiento oficiales que permita conocer  las cifras reales de muertes de mujeres a manos de un hombre con o sin vínculo de pareja ocurridas a la fecha?.

También ha vuelto a la palestra la importancia del brazalete y la aceleración de un proyecto que fue presentado por primera vez hace cuatro años. ¿Cómo se relaciona esta discusión con la de recursos insuficientes para abordar la real magnitud del problema?, cuando, por ejemplo, carabineros no dispone del monto presupuestario que implicaría cumplir con el total de rondas por medidas cautelares y de protección de acuerdo a la Ley? (estudio Costos Económicos de la VIF, SERNAM 2010).

El Chile que queremos precisa de una política estatal global, para prevenir la violencia de género hacia las mujeres, con programas especializados destinados a la educación real de las y los ciudadanas/os;  unido a actores del Estado con una sola convicción que oriente la calidad de su tarea: “La violencia contra las mujeres constituye  una violación grave e intolerable a los derechos humanos.”

El proyecto tiene como objetivo “Fortalecer la capacidad de mujeres líderes de localidades afectadas por el terremoto por medio de la entrega de herramientas que empoderen a sus organizaciones y redes”, de modo que hagan visibles sus necesidades específicas, ejerzan control ciudadano de los compromisos del Estado en la reconstrucción y de la incorporación de género en ese proceso. Podrán contribuir, además, al resguardo del patrimonio y la prevención de futuros desastres.

El Taller de Tecnologías de información y comunicación: aprendiendo a usar la web 2.0 de un día de duración buscó a través de la transferencia de herramientas de las nuevas tecnologías fortalecer el liderazgo de las mujeres y de sus organizaciones. Fue impartido por Natalia Flores González, profesional experta en Nuevas Tecnologías de la Información para la Equidad de Género del Observatorio de Género y Equidad.

Participaron mujeres de tres organizaciones socias del proyecto: La Red de Mujeres de San Joaquín, la Red de Mujeres de Pedro Aguirre Cerda (PAC) y del Grupo de Mujeres de Plaza Ñuñoa.

Las participantes tuvieron la oportunidad de aprender a nivel teórico y práctico sobre internet, las redes sociales virtuales y su uso como herramienta de acción política. Asimismo revisaron redes como bloguer, tumblir, facebook, youtube, vimeo, flirck, twitter y practicaron navegar por herramientas de gmail, facebook y twitter.

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Carolina Peyrín y Tatiana Hernández, Corporación DOMOS

El salario mínimo acaba de ser aprobado ayer en el Congreso con un veto aditivo enviado por el Presidente de la República y la abstención de la Concertación. En la discusión preliminar y más allá de la legitimidad de la reivindicación de mayores ingresos para los y las más pobres de nuestro país, la mirada economicista omite una dimensión fundamental  como es la desigualdad entre hombres y mujeres trabajadores/as. Nada se dijo por ejemplo, respecto del menor ingreso que reciben las mujeres del primer y segundo quintil respecto de los hombres de este grupo socio-económico.

Todos los hombres trabajadores ganan al menos el salario mínimo legal del país, mientras que las mujeres ganan en promedio casi un 30% menos que los hombres y no llegan sino hasta el tercer quintil, a ganar lo que actualmente es el monto mensual mínimo de la remuneración por una jornada ordinaria de trabajo en Chile.

Hay desafíos pendientes para las buenas prácticas laborales.  Hay prácticas de  fuerte raigambre cultural que frecuentemente no forma parte ni del análisis ni de políticas conducentes a remover las barreras de género para la participación laboral femenina. Se trata de la violencia de género que viven miles de mujeres trabajadoras asalariadas: la que acontece en el ámbito institucional del trabajo en forma de acoso sexual y laboral, como la que tiene lugar en las relaciones de pareja y el ámbito intrafamiliar.

De acuerdo a los estudios realizados por DOMOS “Impacto de la violencia doméstica en el trabajo asalariado de las mujeres”[1], como el de “Costos económicos de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres en Chile”[2] (SERNAM), como investigaciones realizadas en países como Gran Bretaña y Canadá, estas expresiones de la violencia de género conllevan elevadas sumas en costos directo e indirectos que recaen mayoritariamente en las mujeres, pero que también involucra a los hombres, el entorno y estructuras decisionales de las empresas, tanto en servicios sociales, de salud, justicia y policiales como en el desempeño y desarrollo laboral.

La OIT ha definido el trabajo decente como una relación laboral que cumple con los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.  Esto significa, un trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.

Experimentar cualquiera de estas formas de violencias repercute en el espacio laboral, tanto en las víctimas como en los autores de estos actos: ausentismo, baja en la productividad, errores en el trabajo, mayor accidentabilidad, rotación de personal e inseguridad. Los equipos de trabajo también se ven afectados, ya que las situaciones de violencia pueden perturbar el ambiente laboral, generar tensiones en colegas que no saben qué decir o cómo brindar apoyo; pueden surgir olas de rumores, malestar por recarga de trabajo, malos entendidos y distorsiones en las relaciones interpersonales. Impacta no solo en seguridad de las mujeres, sino que limita el ejercicio de sus derechos laborales, sus ingresos y la posibilidad de participar activamente en actividades de capacitación, procesos de promoción y ascensos, como en actividades extra laborales e instancias promotoras de sus derechos como trabajadoras.

Entre las acciones que se destacan para prevenir y tratar estos tipos de violencia están las políticas de Equidad de Género y Anti Violencia que se encuentran implementando algunas empresas. Sin embargo aún resulta un problema invisible o de menor relevancia para el ejercicio y ampliación de derechos en las agendas de los sindicatos, por lo que se constituye en un desafío de inclusión y ampliación del marco de comprensión de las discriminaciones por razón de sexo y/o género que concierne a trabajadoras y trabajadores.

Un seminario internacional[3] realizado en abril de este año por Corporación DOMOS en alianza con OIT, ONU Mujeres, Pacto Global, Centro de Estudios de Mujeres de la Universidad del Desarrollo y SERNAM, que incluyó una conversatorio con sindicatos de empresas públicas y privadas permitió concluir que es urgente y necesario levantar una amplia agenda de equidad de género en el trabajo, y fortalecer la participación de una multiplicidad de actores que vienen reflexionando sobre este tema, desde la perspectiva del trabajo decente y derechos humanos para hombres y mujeres.

Liceo Carmela Carvajal parte del movimiento estudiantil que exige al Estado chileno el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad

El Proyecto Jóvenes por la Igualdad de Género realizó el 22 de Junio durante la toma del colegio Carmela Carvajal, un interesante taller con alumnas del Liceo a cargo de Belén Ramírez, Tatiana Hernández y Ximena Rojas.

Participaron 15 jóvenes y el objetivo del taller fue generar un espacio de conversación, reflexión y aprendizaje colectivo en torno a la violencia de género que viven las mujeres a través de todo su ciclo vital y su prevención en las relaciones sentimentales de l@s jóvenes.

El taller se inicia preguntando a las jóvenes cómo se sienten. Ellas refieren “hemos estado del primer día, nos duele el cuerpo, dormimos mal y poco pero todo vale la pena por el derecho a la educación, tenemos que seguir delante”, “estamos con la moral en alto”, “andamos un poco tensas, no sabemos cuál va a ser la manera en que carabineros nos desaloje”, “me duele el cuello, la espalda y tengo frío”. Luego de escucharlas, se les invita a realizar un par de ejercicios corporales a fin de activar el cuerpo y liberar tensiones.

Luego se intercambian opiniones sobre lo realizado por el movimiento estudiantil. Se destaca el valor de las demandas para una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria y se les invita a trabajar en grupos para reflexionar sobre la violencia de género, uno de los mayores obstáculos para la igualdad y para los derechos humanos de las mujeres.

Los grupos reflexionan, comparten experiencias y puntos de vistas y luego presentan las conclusiones más relevantes surgidas en sus grupos de trabajo.

Se reflexiona sobre los diversos tipos de violencia a nivel de relaciones de pareja como la física, sicológica, económica, sexual y social como la que ocurre en la esfera pública de parte del estado, en el ámbito laboral, la sexual, la social y la violencia simbólica que promueve los estereotipos tradicionales en la educación, los medios de comunicación y la publicidad sexista.

En lo referido a las causas de la violencia contra las mujeres, se analizan los principales factores, identificando el peso de la cultura en la socialización de género y como esto constituye la base para la desigualdad entre mujeres y hombres.

Las participantes señalan características, atributos y expectativas según sexo con que se nace, los aprendizajes transferidos generacional-mente como la sumisión de las mujeres, el poder y control de los hombres sobre sus parejas, el sentido de propiedad sobre las mujeres, el estereotipo de la mujer como objeto de deseo, la poca valoración de las mujeres y de lo femenino y la violencia como forma de solucionar conflictos.

Posteriormente, el taller aborda las consecuencias de la violencia en las mujeres. Se reflexiona en torno a los efectos o secuelas en sus vidas. El grupo identifica entre los impactos el miedo, la inseguridad, la baja autoestima, pérdida de confianza y de auto-respeto, el resentimiento y el temor a tener pareja en el caso de las mujeres que han salido de relaciones de abuso. También se debate sobre los impactos en el desempeño laboral, estudiantil, social y comunitario.

Emergen ejemplos de mitos existentes que justifican la violencia tanto en las relaciones de pareja y la violencia a la que se ven expuestas ellas en los espacios públicos como la violencia verbal de carácter sexual y el acoso, destacándose el afrontamiento que ellas han tenido ante este tipo de agresiones. El grupo se muestra empoderado en la defensa de sus derechos. Especial referencia tuvo la influencia de algunas religiones y el poder de la iglesia católica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Señalan al Vaticano como ejemplo de exclusión y discriminación de las mujeres en el mundo eclesial.

Las jóvenes mostraron una mirada crítica a la socialización de hombres y mujeres y a las comprensiones sobre el amor que todo lo puede y todo lo perdona y que da lugar al abuso en las relaciones sentimentales.

La evaluación al término del taller fue muy positiva tanto de las participantes como de las facilitadoras. Se acuerda con el grupo dar continuidad a este tipo de talleres.